lunes, 30 de julio de 2012

¿No ahorraríamos más recortando asesores que recortando concejales?

17 de julio de 2012 desde malaprensa.com

Lleva tiempo circulando por Internet la famosa cifra de que en España hay 445.000 políticos, que viene de El Aguijón, y que se ha desmontado ya en varios lugares (No me jodas que me incomodas, La Tiradera). Yo hasta ahora no me había escrito sobre ella porque no la había visto reflejada en ningún medio de comunicación importante, y en fin, si uno escribiera sobre cada bobada que ve repetida en correos en cadena, o en Twitter... no haría otra cosa.

De todos modos, ha alcanzado tal popularidad la cosa que sí querría resumir por qué me parece que el supuesto estudio es un truño, resumiendo cosas ya dichas por otros y aportando alguna adicional, y centrándome en los errores más gordos:
- Cuenta como "políticos" 131.000 empleados de empresas públicas o con participación estatal. Pero ese número no es demasiado distinto del total de empleados en empresas públicas que refleja la EPA, lo cual es completamente absurdo. El conductor del metro no es un político.
- Cuenta también 65.000 sindicalistas liberados. ¿Son "políticos" los delegados sindicales en empresas privadas? ¿De dónde sale el número? La patronal dijo que eran 4.700, y Libertad Digital, 57.000 empleados-equivalentes, sumando todas las horas que podrían tomar libres todos los electos y acumulándolas.
Esos dos números dudosos, por sí solos, son ya casi la mitad del total de los supuestos "políticos".


Veamos algunos números erróneos más:
- Se cuentan 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, y 1.031 diputados provinciales. Pero resulta que los alcaldes son también concejales y los diputados provinciales también son concejales. Es decir que hay doble o triple contabilidad, sobrando 9.000 personas.
- Los 31.000 empleados de las patronales y los 6.000 de las Cámaras de Comercio plantean las mismas dudas que los sindicalistas. Aparte de tener dudas sobre el número ¿son "políticos" los empleados de una organización empresarial?

Visto el rigor en todo lo anterior, la verdad es que no me puedo tomar con ningún respeto el resto de la tabla, donde, como ya han señalado otros, está mal hasta la suma de diputados y senadores, y hay montones de conceptos no explicados o donde parece que se considera como "político" a toda persona que trabaje en ciertas instituciones. Por ejemplo, ¿hay 36 "políticos" trabajando en el Plan Nacional sobre Drogas? ¿2.450 en las entidades de promoción de comercio exterior del gobierno central y los autonómicos? ¿2.330 en organismos de igualdad y prevención de la violencia doméstica? Es ridículo.

Dicho todo esto, sin embargo, y en relación con mi texto de la semana pasada sobre la reducción de concejales, sí querría señalar que el número de esa tabla al que sí tendríamos que prestar atención es es el de los asesores y cargos de confianza, del que se da, sin más explicaciones, una cifra de 40.000, que por lo redonda, sugiere ser una estimación hecha muy a bulto, que incluiría todos los asesores de libre designación de los gobiernos nacionales y autonómicos, parlamentarios de ambos niveles, y ayuntamientos, aunque para las diputaciones, por alguna razón misteriosa, sí se da un dato separado (970). A diferencia de un directivo o de un empleado de una empresa pública, que es dudoso que podamos llamar "político", cuando hace una función de gestión, aunque sea por libre designación, los asesores y cargos de confianza sí creo que merecen ese adjetivo, porque son nombrados directamente para apoyar a una figura también política, y en su función de tal.

Y es en esa zona, por la libertad total para nombrar a cualquier persona, y por la falta de transparencia, donde más espacio puede haber para el abuso, que puede consistir en el nombramiento de amigos y familiares sin muchos méritos, la recolocación de candidatos no elegidos, el uso de esos empleados pagados por todos para hacer funciones de partido, o las altas remuneraciones, no siempre bien justificadas.

Por ello sí nos interesaría saber cuántos son, y cuánto cobran, y si es posible quiénes son. Un amigo me ha llamado la atención sobre este documento del Ayuntamiento de Madrid, en el que detalla la lista de asesores y cargos de confianza que cobran su nómina del ayuntamiento (desconozco si puede haber más en empresas públicas municipales u otros entes formalmente independientes). Eran, en febrero de 2012, 254. De ellos, 93 trabajaban para asesorar a los concejales (que son 57), con una retribución anual bruta media de 40.000 euros. Los otros 161 trabajan para lo que es propiamente el gobierno y administración del ayuntamiento, con una remuneración media bruta de 51.000 euros (en ambos casos, no se incluye la antigüedad).

Ya ven, en Madrid hay 57 concejales elegidos y otros 254 asesores y cargos de confianza designados para ayudarles a ellos y a los directivos del ayuntamiento a hacer su labor (sólo cuento cargos de confianza, no los altos directivos del ayuntamiento, que también aparecen en el documento, y son normalmente funcionarios, aunque sean designados políticamente). ¡Si tuviéramos la misma ratio asesor/concejal en todos los ayuntamientos de España, tendríamos 300.000 asesores, en buen camino para llegar a la famosa cifra de los 450.000 políticos! Pero sin duda no es así, porque el ayuntamiento de Madrid es especialmente grande, y la ratio concejal/habitante es la más pequeña de España. Si aplicáramos en cambio la ratio asesor/100.000 habitantes, que es de 7,8, a toda España, nos saldrían unos 3.700 asesores "políticos" contratados por los ayuntamientos. Sin duda esa cifra será más cercana a la real, pero tampoco sería raro que la ratio nacional fuera bastante diferente de la de Madrid.

Tampoco, seguramente, cobrarán en todas partes los 47.000 euros de media de Madrid, pero no es posible saberlo. Lo que sí podemos es preguntarnos por qué el gobierno, en sus propuestas de reforma para mejorar la eficiencia de la administración local, no ha incluido ninguna referencia a la regulación del número y sueldo máximo de este tipo de cargos de confianza, que en todo caso, debería ser público según la ley, y que en muchos ayuntamientos (no en los pequeños) pueden ser muchos más, y más caros, que los concejales. A lo mejor podríamos ahorrar más por esa vía que por la de eliminar concejales sin sueldo de pueblos pequeños. Al menos, a los concejales les elegimos nosotros, y cumplen una función de representación política importante.


[Actualización: como cuento en este texto escrito unas horas después, en realidad la reducción de asesores sí está prevista en la reforma propuesta por el gobierno]

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